Matar al mensajero (desahucios)

Artículo 1  - 10/02/2015  “Matar al mensajero”

Observamos con auténtico estupor, día sí y día también, en imágenes de noticieros televisivos, a miembros de la policía uniformados con indumentaria antidisturbios, que ejecutan órdenes judiciales de desahucios.

Personas afectadas, amigos, amigas, familiares, se unen para formar una auténtica barrera humana, con la que intentan detener la actuación policial. Nunca lo consiguen, pero el resultado son imágenes de carácter violento, y que nos transmiten la sensación de injusticia, de brutalidad policial, y es fácil tener la percepción de que hay que solidarizarse con estas personas ante semejante atrocidad.

Sería lo deseable que todo el mundo entendiera lo peligroso que es el demonizar a jueces y miembros de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Las decisiones judiciales son fruto de una legislación aprobada en órganos político-legislativos. Cuando hay una negativa para el cumplimiento de esas decisiones (con más o menos razón en cuanto al fondo de la cuestión), el procedimiento correspondiente es la actuación policial. Nos apenamos, por supuesto, de la situación en la que se deja a personas que pierden su hogar. Podemos entender su reacción cuando llegan los funcionarios policiales. Pero…¿de qué forma se deben hacer cumplir las decisiones judiciales?, ¿tienen que quedar en suspenso estas decisiones por el hecho de que las personas afectadas estén “atrincheradas” al paso de los miembros de la policía?, ¿qué precedente sentaríamos para el resto de sentencias y decisiones judiciales? ¿Qué puede hacer la policía cuando el diálogo ya no sirve? Imágenes de personas enseñando a las cámaras rasguños de más o menos entidad provocados por la actuación policial para levantar a esas personas del suelo, ese tipo de imágenes digo, no ayudan nada en la cuestión principal. Enfrentarse a unos policías a los cuales, con seguridad, les produce especial rechazo su trabajo ese día….no es constructivo, ni útil.

Reordenemos la cuestión. ¿Por qué no se hacen las reclamaciones correspondientes en el lugar preciso?, ¿para qué tenemos, por ejemplo, la figura del Defensor del Pueblo?, ¿para qué nos sirve el Senado, órgano legislativo de segundo nivel, del cual ningún miembro de la clase política se atreve a reconocer su carácter subsidiario, y de injustificable mantenimiento económico en estos años de recortes sociales? Si no son suficientes los cauces para que los afectados por problemas vitales reclamen y expongan sus cuestiones, que se desarrollen nuevos cauces, para dirigirse a sus mandatarios políticos. A esa clase política, muy a menudo alejada de aquéllos a quien dicen representar. Problemas económicos para el día a día que se extienden a cantidad de personas de toda índole social. Seguramente, algunos de los policías de esas imágenes tendrán, en sus ámbitos privados, situaciones económicas difíciles y problemas derivados de éstas. ¿Tiene, por tanto, algún sentido, el que víctimas de la crisis, de una u otra profesión, se enfrenten entre ellos y ellas, como espectáculo televisivo?

La injusticia de los desahucios hay que llevarla donde corresponde, a la sede del legislador. Los órganos judiciales y los cuerpos de seguridad del Estado son instrumentos imprescindibles para el funcionamiento de una democracia que deberíamos disfrutar, más que sufrir. Si las leyes no funcionan, que se reformen. Si los políticos no funcionan, que se vayan. Si determinados órganos institucionales no sirven, es un dinero vital que necesitamos. Si hay que crear nuevos instrumentos, que se desarrollen.

- por Francisco María García  .. 10/02/2015